Las consecuencias de la privatización

La primera consecuencia del proceso de reestructuración de YPF fue la implementación del sistema de retiros voluntarios del personal (acuerdo que los empleados hacen con la empresa para renunciar  a cambio de pago de dinero).

Los empleados que no aceptaron este convenio, debieron enfrentarse a dos situaciones. Por un lado, fueron obligados a asistir a cursos de capacitación con goce de sueldo, que los alejaban de su lugar de trabajo y por el otro lado se crearon emprendimientos con algunos recursos humanos expulsados de la empresa pública.

Esta situación repercutió negativamente en la población que vivía en las ciudades como Colonia Catriel, Campo Duran, Comodoro Rivadavia etc. Mayormente conformada por empleados petroleros. En estos lugares, surgieron numerosos problemas sociales  que implicaron desempleo, emigración y despoblamiento. Muchas de estas poblaciones crecieron al amparo de la cultura estatal y no pudieron adaptarse al nuevo contexto privatización. Aquellos que defendían la privatización de las empresas argumentaban que la relación entre YPF y la población debía cambiar hacia una nueva cultura, sin el amparo del estado. De esta manera miles de trabajadores que habían contribuido al poblamiento de muchas zonas del país pasaron a ser desempleados, además el estancamiento de la economía en la segunda mitad de 1990, impidió transformar esas zonas petroleras en polos de desarrollo que absorbiesen parte de la mano de obra calificada que había sido despedida.